martes, 21 de agosto de 2012

Los presos "deciden" morir


Por Polilla Vallejos

De 2010 a la fecha, 6 presos perdieron la vida de manera traumática en las distintas unidades regionales y comisarías de la provincia. Cinco de ellos se suicidaron y uno murió tras resultar víctima de un confuso incendio ocurrido en la celda de la comisaría donde lo alojaban.

Esos números no toman en cuenta lo ocurrido en las cárceles federales, como la Unidad 4, lo cual engrosaría la estadística. El último caso de alto impacto –pero no el único– fue el de Héctor Ortellado, condenado por el asesinato de Eduardo Miravalle: fue una “muerte súbita”.

En lo que hace a los detenidos en sedes provinciales, desde la institución policial encuentran respuesta a estas decisiones en la falta de contención familiar y el temor a las condenas en expectativa. Lo llamativo es que reconocen que los casos son detectables, pero que es cuestión de un minuto, un descuido, para que ocurra la fatalidad.

En un lapso menor a dos años, 5 presos “decidieron” quitarse la vida. En todos los casos se trató de jóvenes que no superaban los 35 años.

Un dato de relevancia y que no explica la causa de las muertes pero si la pérdida de oportunidad de prevenirlas, es que los lugares de detención dependientes de la provincia (que son todos de carácter preventivo) no tienen gabinete psicológico ni psiquiátrico.

Los detenidos, cuando tocan fondo, son atendidos en el hospital por los profesionales de turno, lo que implica la falta de seguimiento de cada caso particular y, por consiguiente, la falta de tratamiento.

Por su parte, el Poder Judicial, las más de las veces, saca las patas del plato y elige escudarse en que las condiciones de alojamiento son  potestad penitenciaria. Archívese.

Ahora el juez piquense Horacio Tolosa, a la puertas del retiro, “denuncia”  que la situación de los presos en las comisarías “es totalmente irregular” y  que "…no se tienen en cuenta la situación legal, ni el perfil psicológico a la hora de alojarlos. En habitaciones de cuatro por cuatro metros hay alojados diez presos. Salen peor de lo que ingresan. Y no hay más muertos porque Dios los bendice todos los días”.

Quién sabe qué moviliza al magistrado a reconocer una situación que, como célula del sistema penal pampeano por 25 años, le importa alguna responsabilidad. No obstante, lo trascendente es que puso en el tablero un tema que a la gente bien le repugna como le repugna la vida de cualquiera  que exceda su esfera de control.

La Pampa tiene que asumir que el sistema penitenciario es parte de su anatomía política y que los presos prefieren desaparecerse antes de que la indiferencia los desaparezca.

Las muertes: caso por caso

Darío Leopoldo Lobos Reyes (23) se suicidó el 25 de enero de 2010 en la Alcaidía URI. Días antes habría intentado quitarse la vida ingiriendo productos tóxicos. Se encontró el cuerpo colgando de una sábana por el cuello.

Sebastián Escudero, alias “El Chato Becerra” (22) murió el 20 de marzo de 2011 en la Alcaidía UR-1 de Santa Rosa, tras ahorcarse con una sábana en su celda.

Carlos Ramac (21) se ahorcó el 1 de abril de 2011 en un patio interno de la Alcaidía URI. El joven había intentado quitarse la vida unas horas antes y fue llevado al hospital Lucio Molas, donde lo atendió una psiquiatra. Sin embargo, los médicos le dieron el alta y unas horas después se ahorcó con una sábana. Cabe destacar que Ramac fue el último compañero de celda de “el chato Becerra”.

Luis Antonio Wilson (29) se ahorcó en su celda el 16 de abril de 2012 en la Alcaidía URII de General Pico. En varias cartas dirigidas a las autoridades judiciales había afirmado que se iba a quitar la vida. Lo llamativo es que el joven terminaba su condena el 23 de marzo de 2013..

Rubén Darío Hospital (34) se suicidó el 14 de mayo de 2012 en la Comisaría Segunda, de General Pico. Lo había anticipado en una audiencia en los tribunales piquenses. Se ahorcó con el lateral de una frazada, colgándose de la puerta de reja de una celda.

Oscar Fabián Berot (22) murió el 13 de junio de 2010 en un incendio ocurrido el 5 de junio de ese año,  en la comisaría de General Acha. En un primer momento el ministro Gobierno, César Rodriguez, señaló que el detenido se había dormido con un cigarrillo encendido, lo que habría provocado el incendio del colchón. Peritajes posteriores determinaron que esa posibilidad era improbable y que el fuego fue a causa de una fuente de calor directa. Por el hecho están imputados los tres policías que estaban a cargo de la comisaría esa noche.

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