Más de cien años han pasado desde que la desmemoria comenzó a apropiarse de nuestra historia, de nuestra identidad colectiva, de nuestra identidad de pampeanos. Desde la masacre de nuestros pueblos originarios disfrazada de “conquista”, sobre un desierto que no era tal, hasta el nefasto concepto de isla acuñado luego de la última dictadura eclesiástico cívico militar, el cual se usó para decir que aquí no había pasado nada y de ese modo garantizar a nuestros verdugos gozar de la más despreciable impunidad.
Aún resuenan las palabras de Raquel Barabaschi, diciendo que la lucha no fue en vano, arengando a militar con alegría, y también resuenan las palabras de tantos otros testigos y víctimas, hombres y mujeres que durante más de veinte años tuvieron que coexistir con sus torturadores, violadores, secuestradores, represores, cruzarlos en el supermercado, en un bar, en la calle, todo el tiempo y en cualquier lugar, libres sin condena, aparentando ser buenos padres de familia, ciudadanos modelos, hombres de bien.
Sólo quienes fueron torturados y torturadas hasta el extremo sabrán el temor y la impotencia que se siente al enfrentarse al victimario impune. Y a pesar de todo, nadie hizo justicia por mano propia, nadie buscó venganza, solamente hubo un constante y decidido clamor de justicia.
Pero tanta injusticia y amnesia comenzaron a derrumbarse cuando en el año 2003 un Presidente anunciaba que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y, en tal sentido, dio por tierra las leyes de obediencia de vida y punto final, los nefastos indultos, y logró cambiar una Corte adicta por una Corte calificada y comprometida.
La decisión no fue fácil, pero pudo concretarse principalmente gracias a la militancia de las Abuelas, Madres, familiares e hijos de esa generación ausente, que nunca cesaron en el reclamo y que palmo a palmo fueron batallando contra el olvido.
En este punto es necesario abordar la falaz “teoría de los dos demonios” que durante décadas fue objeto de adoctrinamiento en las escuelas, sin hacer sonar las cacerolas, sin ser denunciada a algún 0800, o sin provocar el repudio de la prensa “independiente”. Esta pérfida teoría, a pesar de que aún hoy es sostenida por algunos pequeños sectores reaccionarios o por comunicadores que evocan el hartazgo, actualmente se encuentra desarticulada.
Innumerable jurisprudencia y doctrina ha dejado en claro que en nuestro país hubo un gobierno represor y genocida, que accedió ilegítimamente la poder, y el cual haciendo uso del aparato del estado privó ilegítimamente de la libertad, persiguió, torturó, violó, robó, desapareció y asesinó a miles y miles de argentinos y argentinas, siguiendo los lineamientos de un plan sistemático denominado “Plan Cóndor”, el cual se desplegó por toda Latinoamérica a instancias de los Estados Unidos.
Estas características de “plan sistemático” y “uso del aparato del estado”, son las que califican a estos crímenes aberrantes como delitos de Lesa Humanidad, razón por la cual son imprescriptibles, a diferencia de otros crímenes que puedan haber cometido particulares u organizaciones, sobre las cuales existía la posibilidad de someterlas a un debido proceso, conforme a la leyes entonces vigentes, opción que no ejerció el gobierno golpista.
La Pampa no fue ajena a la oscuridad y muerte imperante sobre todo el país y la región, da cuenta de ello el alegato del doctor Miguel Palazzani, que representa un documento histórico de aquel pasado cercano. En el mismo plasmó y argumentó con sólidos fundamentos y una profunda sensibilidad, los crímenes que en esta Provincia se cometieron, entre los que enunció la privación ilegítima de la libertad y sus agravantes, las torturas (abolidas desde la Asamblea de 1813).
Entre los tormentos menciona el tabicamiento, el engrillamiento, reclusión en lugares ínfimos, supresión de identidad, deplorables condiciones de salud e higiene, falta de alimentación, aislamiento, prohibición de uso de la palabra, desnudez, amenazas, palizas y tortura psicológica. Es importante resaltar que en varias declaraciones se señaló como colaboradores de estas prácticas a Alberto Espinal, sacerdote salesiano y a los médicos Máximo Perez Oneto y Juan Héctor Savioli.
Entre tanta crueldad, tampoco hubo miramientos con los niños o los bebés, algunos asesinados y desparecidos junto a sus padres (ver caso Lanuscou) otros apropiados y privados de su verdadera identidad. En tal sentido, se debe mencionar que en este segundo proceso de la Subzona 14, se investiga al teniente coronel Carlos Alfredo Sabbatini por el robo de un bebé en septiembre de 1976, en la ciudad Santa Rosa.
Un párrafo aparte merece el caso de Lucía Tartaglia, una jóven militante pampeana de apenas 24 años, que vivía en la ciudad de Buenos Aires y estudiaba en la Facultad de Derecho de La Plata. El 27 de noviembre de 1977, Lucía se comunicó telefónicamente con su madre informándole que su pareja, Enrique Sierra, había sido detenido, en dicha oportunidad manifestó su deseo de regresar a La Pampa. Lucia desapareció el 27 de noviembre de 1977, fue llevada al C.C.D. Club Atlético, y posteriormente al C.C.D. "El Banco" y "El Olimpo". Mediante una carta a la familia anunciaba que estaba embarazada de 7 meses y que sería trasladada para dar a luz. A fines enero de 1979, supuestamente, fue llevada al hospital militar para dar a luz. Madre e hijo continúan desaparecidos. Una calle en Santa Rosa recuerda su nombre.
Idéntica búsqueda continúa con el hijo/a de Carlos Normando Orzaocoa, un santarroseño casado con María de las Mercedes, con quién tuvo una hija, Mariana, que nació en el año 1973. Mercedes fue secuestrada en Córdoba capital, estaba embarazada de 6 o 7 meses, ella y su hijo/a aún se encuentran desaparecidos.
Este tipo de procesos de Memoria, Verdad y Justicia donde un país juzga en democracia a sus represores son únicos en el mundo, constituyen un precedente en la historia de la humanidad y un ejemplo para países como Uruguay y Brasil que hoy comienzan a dar sus primeros pasos en este arduo, pero necesario camino.
Esa necesidad de la que hablamos, es la de reconstruir nuestra identidad colectiva, sustentada en la memoria y la verdad.
Siempre mencionamos que en este país hubo un general que a instancias de Martinez de Hoz y sus intereses económicos, masacró a miles de personas, que creó campos de concentración, que arrojó personas al Río de La Plata ("Pedagogía de la Desmemoria", Marcelo Valko), que robó y entregó bebés a familias cómplices. Ese general se llamó Julio Argentino Roca.
Lamentablemente la desmemoria imperante, la historia apropiada por los cultores de Mitre, la multiplicación de honores y monumentos (más monumentos que San Martín o Belgrano), hicieron que exactamente 100 años después, otro genocida llamado Jorge Rafael Videla, reeditara una de las páginas más tristes y sangrientas de nuestra historia.
Por todo esto, por la memoria y el respeto a nuestros pueblos originarios y a los 30.000 compañeros desaparecidos y, para que las generaciones futuras no repitan los horrores del pasado, solicitamos juicio justo y cárcel común para los represores del pueblo pampeano, solicitamos el cambio de nombre de la Av. Roca por el de Av. Pueblos Originarios (propuesta que presentamos al Concejo Deliberante en el año 2010), solicitamos el cambio de nombre de la Escuela Normal Media Julio A. Roca, solicitamos el señalamiento de los centros clandestinos de detención (seccional primera, brigada de investigaciones, entre otros) donde tuvieron lugar la mayor parte de estos crímenes de lesa humanidad, y finalmente requerimos a las autoridades competentes se investiguen las denuncias de violación a la prisión domiciliaria por parte de los represores condenados. Porque un pueblo cuya identidad colectiva ha sido apropiada, sólo tendrá por destino tomar la mano del verdugo y glorificar al tirano que le roba la dignidad.
(*) Juan Ordóñez es abogado militante, Kolina DDHH, La Castelli, Mesa por el Juicio y Castigo
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