El sable o la toga

Por Juan Carlos Martínez

Si las dictaduras que asolaron a este continente no hubiesen contado con el apoyo de sectores civiles -iglesia católica incluida- los sangrientos golpes de Estado y su permanencia en el poder no podrían haber prosperado.

En el caso argentino, todas las irrupciones militares se hicieron con el apoyo intelectual de la sociedad “ilustrada” y material del poder económico y de otros sectores que les dieron sustento, entre ellos las corporaciones judiciales que aceptaron las rupturas del orden constitucional al influjo de una suerte de obediencia debida.
El reciente fallo de la Cámara que prolongó la cautelar a favor del planteo de Clarín es todo un símbolo del papel que juegan las corporaciones judiciales frente al poder económico.

Define, con meridiana claridad, en qué lugar habitan los verdaderos dueños del poder.

Hay que decirlo con todas las letras: el Grupo Clarín y sus asociados -visibles e invisibles- constituyen un poder que compite de igual a igual con el poder del Estado y a veces suele estar por encima de él.

Que es como decir que están por encima de la Constitución y las leyes.

Está más que demostrado que esos grupos tienen un poder de adaptación notable a las circunstancias políticas de cada momento. 

Cuando son las dictaduras las que tienen en sus manos el poder político, serán funcionales a ese poder que comparten con la palabra o con el silencio.

También saben convivir con los sistemas democráticos, claro que siempre y cuando los que gobiernan transiten por los caminos y las políticas que ellos diseñan.

Dejemos de lado por un instante el tema de la controvertida ley de medios audiovisuales y volvamos la vista atrás para repasar sucintamente el comportamiento que tuvo Clarín durante la dictadura militar que aplicó en la Argentina el terrorismo de Estado para imponer políticas económicas a favor de las minorías privilegiadas y en detrimento de las grandes mayorías.

En ese marco de complicidades, la transferencia de Papel Prensa a favor de Clarín, La Nación y La Razón se ofrece como uno de los testimonios más sólidos para demostrar que los grupos económicos siempre tendrán a mano las herramientas que les permitirán imponer sus objetivos.

Agotada la vía militar por el tremendo desprestigio que se ganaron los ejecutores del plan criminal, el sistema sacó de la manga otra de las herramientas de uso frecuente: los jueces de la obediencia debida al poder económico.

Lo cierto es que la asociación de esos jueces con los grupos económicos es la que prevalece en las grandes decisiones, tanto en los países centrales como en los periféricos.

La batalla que Clarín acaba de ganar en la Cámara que extendió la cautelar forma parte de otras batallas que los grupos económicos están librando para evitar que otros cómplices del terrorismo de Estado vayan a dar con sus huesos a la cárcel.

Estamos hablando de los empresarios que participaron no sólo en el financiamiento del golpe del 24 de marzo de 1976 sino en el secuestro, las torturas, la apropiación de niños y los miles de crímenes cometidos durante la aplicación del terrorismo de Estado.

Basta con mencionar algunas de las empresas que tuvieron directa y activa participación en esos delitos de lesa humanidad para comprender lo que significa mandar al banquillo de los acusados a empresarios del Ingenio Ledesma, de Ford o de Mercedes Benz.

La resistencia a la ley de medios audiovisuales incluye, aunque no se diga, la resistencia a esos juicios, a los que ya se hicieron y a los que todavía deben hacerse en el marco de la verdad y la justicia que merece cualquier sociedad democrática y civilizada.

Además de la ley de medios, al grupo Clarín le preocupan dos hechos ocurridos durante la dictadura militar en los que aparece como protagonista directo, causas que todavía no han sido resueltas judicialmente: la forma en que obtuvo Papel Prensa y la apropiación de dos niños por parte de Ernestina Herrera de Noble. 

El dios mercado siempre tendrá a mano las herramientas necesarias para defenderse:  el sable o la toga.