Por Miguel Palazzani
La Ley de Medios es un cambio de paradigma: la comunicación deja de ser un bien sometido a las reglas del mercado para convertirse en derecho humano. Es el fruto de un consenso y una participación social pocas veces vista. Algunos silencios de grandes grupos económicos confirman que se está librando una batalla cultural y de sentido.
La Ley de Medios es un cambio de paradigma: la comunicación deja de ser un bien sometido a las reglas del mercado para convertirse en derecho humano. Es el fruto de un consenso y una participación social pocas veces vista. Algunos silencios de grandes grupos económicos confirman que se está librando una batalla cultural y de sentido.
Sin pretender agotar ningún aspecto, viene bien recordar algunas cosas que no se dicen mucho acerca de la ley 26.522, conocida como la “ley de medios”.
Antes, como sabemos, regía una ley de la dictadura militar.
Pero, de esa época (y de quiénes se beneficiaron) hablamos en otra oportunidad.
Lo primero que hay que decir es, justamente, algo que muchos
comunicadores no dicen: se cambia el paradigma. Sí, lo decimos de nuevo porque
no es poco, SE CAMBIA EL PARADIGMA.
El artículo 2 de la ley dice: “La actividad realizada por
los SCA se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental
para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el
derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar
informaciones, ideas y opiniones…”
El artículo dice más, pero parece que con lo citado alcanza
para advertir el cambio de mirada. De contemplarlo como un “bien” más sometido
a las reglas del mercado, a esta nueva concepción: derecho humano inalienable.
Lo anterior viene a cuento de que algunos se escandalizan
porque no se estaría respetando el derecho de propiedad (artículo 17 de la
Constitución Nacional) al exigir que se desinvierta antes de que caduquen las
licencias que vencerían en el 2015 o 2016.
No es difícil hacer una ponderación de derechos y advertir
que el derecho a expresar, recibir, difundir e investigar informaciones,
opiniones e ideas; de romper con los monopolios, de diversificar y
universalizar la palabra, de permitir el acceso a bienes simbólicos culturales
y otros tantos etc.; es mucho más importante que el supuesto perjuicio
económico a algún que otro grupo monopólico; que por otro lado, podrá ejercer
sus acciones legales para reclamar lo que crea conveniente. Es decir un simple
juicio por daños y perjuicios.
Aunque lo cierto es que sólo hay un grupo que se queja de
estos supuestos perjuicios económicos.
El avance es gigantesco: se aseguran la entrada de nuevos y
diversos prestadores; se pone un tope a la concentración y a los monopolios; se
promueve la producción propia, de contenidos regionales; se garantiza el acceso
a bienes simbólicos propios de la cultura popular; se resguardan las fuentes de
trabajo, se estimula la creación de nuevos puestos laborales para los
trabajadores de la comunicación y la cultura; se protegen explícitamente los
derechos de niños, niñas y adolescentes; se reconoce el derecho a la
comunicación con identidad de los Pueblos Originarios y se fortalecen los
medios públicos sacándolos del espacio subsidiario al que las reglas del
mercado habían relegado.
Para aventar cualquier duda de que la “ley es a medida” como
se escucha decir a algunos conspicuos juristas que responden desembozada y
desvergonzadamente al Grupo Clarín (al que representan) vale recordar que en el
año 2004 se conformó la Coalición por una Radiodifusión Democrática que
agrupara a Universidades, sindicatos de trabajadores de la comunicación,
organismos de derechos humanos, movimientos sociales, movimiento cooperativo, radios
comunitarias y asociaciones de radios pymes, que elaboró 21 puntos para una
radiodifusión democrática, un punto por cada año de deuda de distribución de la
palabra.
El 1 de marzo de 2009 la Presidenta anunció que enviaría al
Congreso la LSCA; el 18 de marzo, en La Plata, se presentó la propuesta,
estableciéndose (por decisión presidencial) que el proyecto se discutiera a
través de Foros Participativos de Consulta Pública.
Desde ese año (2004) y hasta fines de julio del 2009 se
realizaron 24 foros, mayoritariamente en las Universidades Públicas del país
con amplia participación de todos los sectores.
A la vez, se recibieron 1.200 aportes que se sistematizaron,
se evaluaron y se reescribieron.
Hubo un sinnúmero de encuentros para fortalecer el
acompañamiento de la población a la profunda transformación que se avecinaba.
El 28 de junio de 2009 hubo elecciones legislativas que no
favorecieron al gobierno, muchos se alegraron, pero…
El día 27 de agosto de 2009 la Presidenta anunció que enviaba
el Proyecto al Parlamento.
Bueno, y ahora, al galope, salteando las charlas, reuniones,
comisiones en las Cámaras del Parlamento, vemos el resultado: 147 votos a
favor, 3 en contra y una abstención en Diputados y 44 votos a favor y 24 en
contra en Senadores. Contundente.
A partir de allí el avance de los grupos mediáticos
conocidos: caso “Thomas” (la Corte puso las cosas en su lugar, derrota del
monopolio); en Salta el Juez Medina suspendió la totalidad de la ley, pero, una
Cámara salteña puso las cosas en su lugar; y –más conocido– la maniobra con el
Juez Carbone, la cautelar, las idas y las vueltas y la Corte fijando como fecha
límite INDISCUTIBLE el 7D.
En estas apostillas, algo más: algunos creen (por ignorancia
o mala fe) que la única autoridad es Martín Sabattella, como presidente del
AFSCA. Hay que decir que la ley establece que:
–La AFSCA se compone de un directorio integrado por 7
miembros, conformado por: 1 Presidente y 1 Director nombrados por el Poder
Ejecutivo, 3 Directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual,
que son designados de la siguiente manera: 1 por la mayoría
(primera minoría), 1 por la segunda y 1 por la tercera; 2 directores a
propuesta del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de facultades
o carreras de ciencias de la información, comunicación o periodismo de
universidades nacionales.
Es decir: existe una Comisión Bicameral (con funciones) y
posibilidad de designar representantes y, además, un Consejo Federal que se
integra de la siguiente manera:
–1 representante por cada provincia y del gobierno autónomo
de Buenos Aires.
–3 representantes por las entidades que agrupen a los
prestadores privados de carácter
comercial;
–3 representantes para los sin fines de lucro;
–1 de las emisoras de las universidades nacionales
–1 de las universidades que tengan facultades o carreras de
comunicación
–1 de los medios públicos de todos los ámbitos y
jurisdicciones;
–3 representantes de las entidades sindicales de los
trabajadores de los medios
–1 representante de las sociedades gestoras de derecho
(Argentores)
–1 representante por los Pueblos Originarios
Es decir, existe una participación democrática absoluta,
siendo lo “más avanzado que ví
en el mundo”, según Frank La Rue, relator de Libertad de
Expresión de la ONU.
Hay mucho más para seguir destacando, incluso mejorando, con
el correr del tiempo y el nuevo acomodamiento al cambio de paradigma.
Esta ley claramente democratiza, diversifica, universaliza
derechos; esto molesta a ciertos sectores de poder que han sido dominantes y
que tienen su representación emblemática en el Grupo Clarín y su primo de
alcurnia, La Nación. Ellos son un todo con esos sectores de poder.
Se está librando una batalla cultural, de sentido; por eso
es tan importante y tan resistida por algunos sectores esta ley.
exclente
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